Ké Huelga Radio

Dos artículos: la guerra y la paz

Lunes 22 de agosto de 2011 por robot

La intervención va

Carlos Fazio

La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de "contratistas privados"– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.

Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares "jubilados" del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un "centro de fusión" binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.

El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de "contratistas privados" de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden "capacitación" dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.

La subcontratación de los llamados "perros de guerra" por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.

Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la "nueva estrategia" de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.

La "nueva etapa" de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que "justificaba" la intervención militar estadunidense.

En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la "transición" será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.

Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como "la primera del mundo en su tipo". Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la "academia" alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, "capacitarán" a policías mexicanos?

En el contexto de la Iniciativa Mérida, los "asesores de inteligencia" estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la "colaboración bilateral" en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, "la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security".


¡A parar la guerra!

Pietro Ameglio

En 3 meses pasamos de 40 mil a 50 mil 500 muertos sin pestañear

Hace muy pocos días toda la nación pudimos apreciar cómo senadores, diputados y clase política ni siquiera fruncieron el ceño ante el nuevo parte de guerra mexicano: en tres meses aumentaron en más de 10 mil los muertos en esta guerra. Al mismo tiempo transcurrieron tres importantes movilizaciones sociales para detener esta guerra: 1) la caravana “Paso a paso por la paz” donde se desbordaron los testimonios acerca de los migrantes desaparecidos, y, en ; 2) en pleno centro del DF hubo una conmovedora marcha de más de 200 familiares de desaparecidos, sobre todo en Coahuila, unida por una demanda a toda voz: “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos dónde están?”. Ellos son una pequeña representación de una cifra escalofriante: ¡hay 10 mil desaparecidos en México! Quizás este sea el rostro más inhumano de nuestra catástrofe u holocausto nacional (como algunos ya la llaman); aullando literalmente de dolor hay madres que nos gritan: “Siento que me voy a morir si no los veo”, “no podré descansar hasta encontrar a mi hijo”, “no tenemos siquiera el consuelo de tener el cuerpo de nuestros hijos”.Un tema central en esta etapa de la guerra es la condición de los cuerpos de las víctimas tratados y presentados públicamente con saña y crueldad inusitadas, u ocultados. Finalmente, el pasado domingo hubo una marcha considerable convocada por el Movimiento por la paz con justicia y dignidad para detener la ley de seguridad nacional o de guerra, que llegó hasta adentro de Los Pinos.

En México hay actualmente tres guerras: una entre los de arriba “para construir el monopolio de una nueva mercancía capitalista: el narcotráfico” (informe Bourbaki); otra, de los de arriba hacia los de abajo, con un altísimo costo humano y el despojo de los recursos naturales y materiales; y la última, entre un sector de los de abajo, reclutados como esclavos y carne de cañón de los de arriba, quienes se enfrentan entre sí en cada espacio pauperizado del país por controlar su territorio. Esta guerra es civil por varias razones, pero una es que está involucrada toda la población, como víctima o victimaria, por ser parte activa del fuego, del negocio, del empleo, de la impunidad, de la complicidad o de los agredidos. Ya en la década de los noventa algunos estudios advertían la existencia de un “exterminio selectivo de líderes locales indígenas y campesinos, muertos en su mayoría en acciones sin enfrentamientos” (“El proceso de guerra en México 1994-99: militarización y costo humano”), sobre todo en Guerrero y el sureste. Ahora, en cambio, se ha ampliado la escala: estamos presenciando un “exterminio masivo” –en su mayoría de jóvenes sin empleo y desamparados- en todo el país. Así, como bien han señalado el sub Marcos y luego Javier Sicilia: “se está destruyendo el tejido social en todo el territorio nacional”, por la raíz de un modelo económico que necesita para reproducirse el negocio de la guerra y el intervencionismo norteamericano y trasnacional.

El número de muertos y desaparecidos en este proceso de la guerra ha llegado a niveles que, según Amnistía Internacional, alcanzan a los de las dictaduras del cono sur en los años setenta, en medio de una total impunidad y ‘normalización social’. Y nosotros, como sociedad civil –organizada y no- ¿qué estamos haciendo? La historia y experiencia de las luchas sociales nos enseñan que hay una relación entre los procesos de avance de la inhumanidad y la resistencia civil para detenerlos, por tanto si el nivel de progresión de la violencia toca estos extremos, resulta imprescindible cuestionarse a fondo acerca de los niveles proporcionales que deberían ir adquiriendo las acciones de la resistencia civil. Así, en una etapa como ésta no cabría menos que plantearse cuáles formas de no-cooperación o desobediencia civil podrían ayudar a detener la guerra, y antes aun la experiencia indica sobre la necesidad de colocar cuerpos –armas morales- en forma masiva en la calle (también para desterrorizarlos), en los lugares exactos donde se confronte y señale públicamente a los sujetos de la violencia (estado, delito y empresas), para exigirles un ‘Ya basta’ que detenga las manos asesinas.

¿CÓMO PARAR LA GUERRA?
Pero ¿qué significa en lo concreto ‘Parar la guerra’? Hasta ahora la sociedad civil ha exigido: que aparezcan ya los desaparecidos; basta de impunidad, que haya justicia y reparación del daño (Comisión de la verdad y la memoria); que se reconozcan, respeten, refuercen y extiendan en el país las experiencias de autodefensa civil y pacífica comunitarias (Cherán, Ostula, San Luis Acatlán, comunidades zapatistas, huicholes zonas urbanas…); que se desmilitaricen las calles y la administración pública; que se privilegie un modelo de seguridad humana y comunitaria, empezando por políticas de apoyo a los jóvenes en todo sentido desde lo educativo hasta lo laboral; que se garanticen los territorios de los pueblos indígenas y campesinos en su autodeterminación; que tengamos un poder real y legal como sociedad civil en las decisiones políticas y económicas que nos afectan y hacia la revocación de autoridades que nos cumplen sus mandatos; que se ataquen los entramados financieros del lavado de dinero… Lo central sigue siendo que no haya un muerto o desaparecido más; que aparezcan los desaparecidos; exigir justicia, reparación, verdad y dignidad para las víctimas apoyando su construcción como sujetos sociales; romper la impunidad; lograr un cambio en este modelo militarista de la seguridad.

Profundicemos ahora en los ‘cómo’: sin movilizaciones masivas, y estrategias que acumulen fuerza moral y material hacia grados mayores de la resistencia civil, que sirvan también para reforzar la lucha política ¿cómo vamos a detener la guerra? Por ello, nos parece central, por ejemplo, sumarnos a las movilizaciones convocadas en una carta pública por Javier Sicilia, Pablo González Casanova, Luis Villoro y muchas personalidades que encarnan la reserva moral de este país, junto al Movimiento por la paz con justicia y dignidad y otras muchas organizaciones y grupos. Ya no se trata sólo de ‘apoyar una buena causa’, sino de luchar por nuestra propia sobrevivencia y la de muchísimos más que están tratando de hacer justicia y detener esta inhumanidad que nos atraviesa, instalada desde el poder sin el más mínimo consenso social, y que busca ahora su legalización.

Habrá en estos meses movilizaciones sociales importantes en el país, reflejo de una profunda y creciente indignación nacional (“encabronamiento”), pero el desafío estará en construirlas como formas de lucha articuladas e incisivas realmente hacia el poder del adversario, ya que no es suficiente la simple agitación social para lograr mecánicamente resultados positivos. Creemos que el reciente Movimiento por la paz –que ha buscado construir acciones radicales e incisivas- ha logrado avances en la lucha contra la guerra, la militarización y la justicia y dignidad hacia las víctimas, pero la curva de la muerte ha seguido su curso en paralelo: en marzo de este año hubo 837 víctimas de la violencia en México, en abril bajó a 737, pero en mayo subió a 1301 y en junio a 1304, con dos masacres en Torreón y Monterrey. La demanda de “Ni un muerto más, ni un desaparecido más” no ha sido posible de ser enfrentada aun por el conjunto de la sociedad civil mexicana, porque queda claro que para la clase política no es un objetivo central.

La próxima caravana de la sociedad civil (en la segunda quincena de septiembre) marcará la necesidad de caminar hacia el sur del país para escuchar y aprender sobre todo de los pueblos indios y campesinos acerca de su organización, dignidad, resistencia y formas de seguridad humana y comunitaria, de autodefensa civil y pacífica de sus territorios y vidas, así como tejer alianzas estratégicas para detener esta guerra civil. Sin descuidar el camino político, financiero y jurídico, es momento de reforzar la “firmeza permanente” (como llaman en Brasil a la noviolencia) en las calles y la radicalidad de la resistencia civil, la concepción de base constitucional, zapatista y gandhiana: el poder verdadero –primero y último- reside en la gente. Tal vez, pronto, dejaremos de co-operar con la autoridad en la guerra y la impunidad para “desobedecer las órdenes inhumanas”.

Este terrible paso de 40 mil a 50 mil 500 muertos, sumado a 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados, junto al intento de la clase política por legalizar la guerra y la impunidad, puede quizás significar un nuevo dique en la “frontera moral y material” que la sociedad civil mexicana estemos dispuestos a tolerar y ‘normalizar’ de lo inhumano. ¿Tendremos todavía ‘aguante’ para que nuestro tejido social y vidas se desintegren más? ¿cuál será el ‘piso moral y material’ de la guerra y la paz en el México actual? ¿Cuántos muertos y desaparecidos más estamos dispuestos a tolerar? Las imágenes de verdaderos ríos humanos del pueblo bajando de todos lados del país, ejerciendo, sin violencia pero con total decisión, su verdadero poder, como sucedió en años recientes en Quito, La Paz, Buenos Aires y Belgrado, quizás nos puedan ayudar a todas las fuerzas implicadas en esta guerra absurda a reflexionar mejor.

La Jornada-Morelos

(19 agosto 2011)


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