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Guerrero escenario de militarización y tortura. "Lo único que queremos es llegar viv@s a la CIDH" expresan Inés y sus abogados

8 de marzo, 8 años de impunidad: el caso Inés y Valentina indígenas me´phaa violadas por militares

Miércoles 10 de marzo de 2010 por chakalita

Los 8 años de lucha por parte de Inés y Valentina son sinónimo de terror, de amenazas, de familiares asesinados, de tortura, de violencia contra sus hij@s, contra la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM). 8 años de luchar contra un enemigo intocable, el Ejército, contra un sistema de justicia racista y negligente. Sin embargo sus voces, en me’phaa, se han escuchado en todo el mundo.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo fueron violadas en el año 2002 por elementos del ejército, que arribaron a sus comunidades en busca de guerrilleros. Los “guachos” abusaron sexualmente de ellas como forma de coacción para obtener información sobre la guerrilla. A Valentina la sorprendieron cuando se encontraba en el río lavando ropa, fue violada tumultuariamente a los 17 años, torturada sexualmente para que señalara quienes eran los encapuchados. A Inés la violaron en su casa frente a sus pequeños hijos mientras le preguntaban por su esposo.

Ellas habitan en pequeñas comunidades enclavadas en la montaña baja del estado, en donde es común la presencia de militares, paramilitares y caciques. En donde es común el enriquecimiento de personas vinculadas al gobierno municipal de Ayutla a base de los recursos destinados para el combate a la pobreza. Arriba en la montaña la marginalidad extrema es evidente y la violación a los derechos humanos es cosa de todos los días.

Inés Fernández ha sido amenazada de muerte durante estos 8 años de lucha en busca de justicia. La intimidación ha llegado al seno familiar, sus hijos, sus familiares han sido amenazados. Su hermano, Lorenzo Fernández, fue asesinado en febrero del 2008 y su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura en Ayutla. Lorenzo ayudaba a su hermana en la búsqueda de justicia, lo cual le costo la vida.

Valentina Rosendo tuvo que dejar su comunidad debido al rechazo de las personas, su esposo la abandonó y no cesan las amenazas de muerte hacia ella, familia, abogados y compañeros de lucha. En fechas recientes sus hijas sufrieron un intento de secuestro, pese a que su paradero se encuentra en resguardo.

El municipio que enmarca sus comunidades esta sitiada por militares. Ante las facultades que han recibido las fuerzas castrenses para la (supuesta) guerra contra el narcotráfico se ha desatado una ola de violencia contra la insurgencia, las organizaciones sociales y la población civil.

Víctimas de la militarización, Inés y Valentina, sufren también violencia de género materializada en tortura sexual impune hoy en día por el fuero militar. “El ejército solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado que se remitiera la investigación, que como se trataba de elementos militares correspondía al Ejército investigar los hechos, el Ejército investigarse a sí mismo… lo que ha argumentado el Estado mexicano, la Sedena es que las violaciones a los derechos humanos deben ser interpretadas como actos en servicio, ¿la violación es una acto de servicio…la tortura es un acto de servicio?”, menciona su abogado.

La lucha de estas mujeres siempre estuvo encaminada a mejorar sus condiciones de vida, a contar con hospitales, escuelas, a que no se explotaran los recursos naturales y no se desviaran los económicos. Dice Inés, miembra de la OPIM “yo no se si el gobierno es tonto para mandar personas que nos vigilen si nosotros no hacemos otra cosa mas que hablar de educación, de que no hay maestros en nuestra comunidad, médicos, medicinas, obras, para eso tenemos las oficinas en Ayutla”.
Estas mujeres han vivido la criminalización de la lucha de la OPIM de la cual forman parte y ha sido fuertemente reprimida. “No necesitan muchas pruebas para detener a los miembros de la Organización, ellos mismos las fabrican para que estén en la cárcel”, menciona Inés refiriéndose a los 5 miembros encarcelados acusados de homicidio, de ellos uno continúa en prisión, “yo lo digo por mi hermano (asesinado) y por mi, porque no hay ni uno detenido”.

A 8 años de estos lamentables hechos, los militares gozan de la impunidad que le confiere el fuero de guerra, de la corrupción institucional que no acepta que sus elementos castrenses sean violadores, asesinos, criminales. La mentira, la fuerza y la impunidad se levantan como bandera de patriotismo, a la cual juró lealtad el ejército mexicano y lo practica a diario en sus incursiones a la sierra, en la instalación de retenes, un fenómeno que se extiende ya a más de la mitad del territorio mexicano, en cualquier parte es fácil ver a los asesinos verde olivo.

A 8 años de de ambas violaciones aún no hay culpables, pese a que se cuentan con todas las pruebas para inculpar a los militares, no han encontrado justicia en México y por lo tanto, han tenido que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual resolverá ambos casos para éste año.

Como Valentina e Inés existen muchas más mujeres que han sido violadas por militares, pero por miedo no se atreven a denunciar, ya que las consecuencias pueden ser funestas. “Ellas se atrevieron a romper la barrera del silencio y ahora enfrentan a todo el aparato represivo del Estado”, menciona su abogado, “Lo único que queremos es llegar viv@s a la CIDH”, expresa firmemente, refiriéndose a Inés, a Valentina, a sus familiares, a los miembros de la OPIM, a los abogados, y a tod@s los que las han apoyado en su denuncia.

¡Ninguna mujer más violada, fuera ejército de las calles!

¡Justicia para Inés y Valentina!

¡Castigo a los responsables del asesinato de Lorenzo Fernández!

¡Cese a la criminalización de la OPIM!

¡Libertad inmediata a Raúl Hernández!

1ra parte


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14 de marzo de 2010
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11 de marzo de 2010
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