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Posicionamiento de los normalistas de Ayotzinapa sobre el informe de la CNDH

Jueves 29 de marzo de 2012 por EdeN

POSICIONAMIENTO DE LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA SOBRE EL INFORME DE LA CNDH

Miércoles 28 de marzo del 2012

El día de ayer nos enteramos a través de medios de comunicación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaría durante la mañana el informe final de su investigación respecto a los hechos del día 12 de diciembre del 2011, en que perdieron la vida nuestros compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, lo cual nos sorprendió ya que en conjunto con organizaciones civiles y de derechos humanos se había solicitado a la CNDH que previo a la presentación de dicho informe se hiciera de nuestro conocimiento para poder aportar algún comentario respecto a alguna imprecisión que pudiera existir y que es algo a lo cual como agraviados consideramos que tenemos derecho.

Pese a lo anterior, la CNDH decidió presentar el informe final ante lo cual nosotros como estudiantes de la “Normal Rural Raúl Isidro Burgos” primeramente externamos que su contenido y recomendaciones son el resultado de la lucha y los riesgos que enfrentamos al exigir nuestros derechos, el cual siempre ha estado acompañado de organizaciones nacionales e internacionales así como de destacadas personalidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país. El informe muestra y confirma que nuestras demandas eran y son justas y que fuimos víctimas de una cruel represión.

En relación a las recomendaciones emitidas por la CNDH, los estudiantes de la “Normal Rural Raúl Isidro Burgos” hacemos los siguientes posicionamientos:

a).- Se reconoce que las demandas que dieron origen a nuestra protesta del día 12 de diciembre son justas y legitimas, ya que el derecho humano a la educación es irrenunciable, y que en respuesta hubo una grave violación a los derechos humanos cometidas en nuestra contra.

b).- Hace el señalamiento de que los policías federales iniciaron la violencia que provocó la ejecución extrajudicial nuestros compañeros, Jorge Alexis y Gabriel, así como la detención y tortura en contra otros de nuestros compañeros y gente que no tenía nada que ver con nuestra protesta.

c).- Muestra que la lamentable muerte del señor Gonzalo Rivas Cámara fue una consecuencia de la violencia desencadenada ante la ausencia de protocolos de actuación por parte de los policías que intervinieron en el desalojo violento del que fuimos víctimas.

d).- Durante los hechos se demostró la criminalización de la protesta social que provocó un desequilibrio en el tejido social del estado de Guerrero.

e).- Solicita al Congreso Estatal que se inicie juicio político en contra del ex Procurador de Justicia, al Secretario de Seguridad Pública y al Subsecretario de Seguridad Pública, respectivamente.

f).- Señala que los autores materiales del homicidio de Jorge Alexis y Gabriel deben ser juzgados y sancionados conforme a derecho.

g).- Las recomendaciones que se le hacen a las instancias de seguridad pública, Secretaria de Educación y al mismo Ejecutivo del estado deben de llevarse a cabo con el fin de que no se vuelvan a repetir y no queden impunes las violaciones de derechos humanos cometidas y la inestabilidad que se le he venido causando a la Normal Rural de Ayotzinapa.

Comprometidos con nuestra Normal estaremos al pendiente de que se cumpla lo anterior, en caso contrario nos reservamos el derecho de movilizarnos nuevamente; y en memoria de los compañeros caídos trabajaremos en el diseño de estrategias para dar un rumbo a la normal acorde con las nuevas realidades, iniciando el fortaleciendo académico los días 29, 30 y 31, fechas en que rendiremos un homenaje a nuestros compañeros, mediante un foro educativo para elaborar propuestas para el fortalecimiento de la educación pública especialmente para el normalismo rural del país.

Reiteramos que el contenido del informe presentado es un triunfo nuestro, ya que el propio Presidente de la CNDH reconoce que nosotros los estudiantes nos vimos en la necesidad de manifestarnos conforme a nuestro derecho a la libertad de expresión al negarnos una audiencia que dio pie al cierre del dialogo con el Gobernador y la Secretaría de Educación de Guerrero con la intención de expresarle una serie de demandas por las carencias que prevalecen en nuestra escuela y por las pésimas condiciones en las que nos encontramos. Por lo anterior la CNDH señala que hubo responsabilidad institucional del gobierno por la negligencia e intolerancia estatal y especialmente de la Secretaria de Educación la C. Silvia Romero Suárez.

Es bueno y favorable que exista una comunicación entre las normales rurales y los representantes gubernamentales de nuestro país Mexicano para sacar adelante la gran tarea de educar a la nueva generación de hoy para el mañana, y cuando se presenta lo contrario, es cuando se recurre a la acción que hicimos uso en pos de nuestros derechos y mejora educativa en beneficio a nosotros como seres con derechos humanos y son atribuciones universales.

Como sociedad debemos de estar al pendiente de la educación ya que es el único espacio público y libre que se conquistó con sangre, y que debe ser defendido actualmente, demostrando que es necesaria porque “la educación no es un privilegio de clases si no un derecho del pueblo”, un pueblo que la exige para tener una calidad de vida día con día.

Como Normal de Ayotzinapa decimos: nosotros somos parte del normalismo rural que está siendo atacado por representantes que no quieren una educación pública si no privada, que no sirve a nuestro país y los ataques se son palpables e inocultables


Comunicado de prensa de Tlachinollan

INFORME FINAL DE LA CNDH CONFIRMA LA LEGITIMIDAD DE LA

LUCHA DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

Y LA VERACIDAD DE LAS DENUNCIAS

* Recomendación: un triunfo estudiantil que sienta las bases para que se garantice la justicia y la no repetición de los hechos.

* CNDH da cuenta de la necesidad de que en el particular contexto guerrerense las acciones de protesta se respondan con el diálogo y no con la fuerza.

COMUNICADO DE PRENSA

Chilpancingo, Guerrero a 28 de marzo de 2012.

Jefes/as de Información, periodistas, reporteros/as:

El día de ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 1 VG/2012, sobre la investigación especial que realizó por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el pasado 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa Guerrero. Se trata de la primera Recomendación de esta naturaleza que emite la CNDH, en uso de la nueva facultad constitucional que la habilita para conducir investigaciones especiales por graves violaciones a derechos humanos; estamos, por tanto, ante un hecho de trascendencia histórica.

Como han señalado los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos la emisión del informe es una indudable victoria del movimiento estudiantil, pues fueron los propios estudiantes quienes acudieron a la CNDH, acompañados por cientos de organizaciones nacionales e internacionales, así como por personalidades dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. También porque fueron los propios estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos quienes coadyuvaron activamente en el proceso y mantuvieron un puntual seguimiento confiando al Ombudsman Nacional su testimonio como víctimas y recibiendo al Primer Visitador en Ayotzinapa.

El Informe emitido por la CNDH reconoce la legitimidad de la protesta realizada el 12 de diciembre de 2011 y considera plenamente acreditada la existencia de las violaciones graves a derechos humanos imputables a autoridades federales y estatales como la criminalización de la protesta social; el uso irracional de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego; la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; la tortura de otro estudiante, en contra de quien se intentó realizar una falsa imputación; las lesiones por disparo de arma de fuego infligidas a tres estudiantes; los tratos crueles y detenciones arbitrarias que se cometieron en contra de otros normalistas y personas ajenas al conflicto; y la inadecuada atención a las víctimas. En este sentido, también surge con claridad del informe del Ombudsman Nacional que la lamentable muerte del señor Gonzalo Rivas no habría ocurrido si las corporaciones policiales hubiesen actuado respetando los protocolos relativos al uso de la fuerza pública en entornos de conflictividad social.

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resulta fundamental subrayar que el informe de la CNDH apunta a las causas estructurales del conflicto, pues indica que en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos venían prevaleciendo condiciones indignas que limitaban a los estudiantes el acceso a una educación de calidad, así como los derechos a una vivienda digna y a la salud, situación que fue desatendida por negligencia gubernamental y lo que la CNDH calificó como “intolerancia institucional”, propiciando la movilización del 12 de diciembre de 2011.

En cuanto a la atribución de responsabilidades a los servidores públicos involucrados, subrayamos que la CNDH señala que hubo “responsabilidad institucional” del Gobierno del Estado de Guerrero por la indolencia y la intolerancia con que se condujo la interlocución política con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos antes del 12 de diciembre de 2011 .

Asimismo, el Ombudsman Nacional establece la responsabilidad de la Policía Federal al señalar que sus elementos fueron los primeros en disparar y establecer que los estudiantes detenidos por esa corporación fueron llevados a un cuartel policial donde fueron víctimas de tratos crueles. Para Tlachinollan, la sanción penal y administrativa de los altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, recomendada por la CNDH, cobra especial relevancia pues es público y notorio que dicha Secretaría ha gozado de total impunidad durante este sexenio incluso cuando se ha demostrado que los mandos superiores han incurrido en ilegalidades y violaciones a los derechos humanos.

Del mismo modo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destaca que la CNDH determinó la responsabilidad política y jurídica en los hechos de los más altos funcionarios del estado de Guerrero conforme a la cadena de mando, ordenando incluso al Congreso Estatal que se siga juicio político en contra de quienes entonces fungieron como Procurador de Justicia, Secretario de Seguridad Pública y Subsecretario de Seguridad Pública, respectivamente, sin menoscabo del proceso que ya se sigue contra de los policías ministeriales identificados como autores materiales del homicidio de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. La sanción de los altos mandos a través del juicio político abre la puerta a un ejercicio inédito en nuestro estado para responsabilizar a funcionarios de primer nivel jerárquico. Ante ello, Tlachinollan hace un llamado a que el Congreso del Estado cumpla en sus términos y de manera pronta esta toral recomendación.

Finalmente, en cuanto a los puntos recomendatorios, destacamos que la CNDH ordena que se realice un acto público solemne en el que se pidan disculpas a las víctimas -estando éstas presentes- y donde se anuncien las medidas que se adoptarán para la no repetición de los hechos. Asimismo, entre otros aspectos, el Ombudsman Nacional dispuso que se procure y administre justicia con participación de las víctimas; que se desarrolle un programa emergente de atención a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero; y que se repare el daño a las víctimas, cuestión esta última en la que se han presentado importantes avances en los últimos días a través de los diálogos entre el gobierno estatal y la Comisión Civil de Interlocución, cuya intervención en el conflicto ha sido de primera importancia.

Para Tlachinollan, sólo el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones garantizará que las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2012 no queden en la impunidad, de forma que no pasen a la historia como las masacres de Aguas Blancas o El Charco. Por ello, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña dará puntual seguimiento a las mesas de trabajo donde se aborde el seguimiento a la Recomendación y llama a la opinión pública nacional e internacional a permanecer atentas al proceso.

El conflicto de Ayotzinapa no está resuelto. Como lo señala la CNDH, los gobiernos estatal y federal deben atender las causas estructurales que llevan a los normalistas a tener que defender año con año en las calles su institución, como lo hacen cientos de jóvenes alumnos y alumnas de las normales rurales de todo el país. Solamente de esa forma se garantizará que hechos como los ocurridos el 12 de diciembre de 2011 nunca más vuelvan a suceder; ese será, sin duda, el mejor homenaje para las víctimas.


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