Ké Huelga Radio

Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México

Viernes 11 de noviembre de 2011

Resumen ejecutivo

Han transcurrido casi cinco años desde que el Presidente Felipe Calderón declaró la
“guerra” contra la delincuencia organizada en México. Desde entonces, México ha sufrido
un incremento dramático de la violencia. Tras un descenso sostenido que se mantuvo
durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre
2007 y 2010. El gobierno estima que hubo casi 35.000 muertes relacionadas con la
delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y fines de 2010, incluido un aumento
drástico cada año: pasó de 2.826 muertes en 2007 a 15.273 en 2010. En lo que va de 2011,
la prensa mexicana informó sobre más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico.

Este incremento alarmante de la violencia ha sido consecuencia, en gran parte, de la
rivalidad entre poderos carteles que compiten por el control del narcotráfico y otras
actividades lucrativas ilícitas, como la trata de personas, así como de enfrentamientos
internos entre sus propios miembros. Estas organizaciones han cometido graves delitos
contra integrantes de bandas rivales y también contra miembros de las fuerzas de
seguridad. Sus actividades ilícitas también han afectado prácticamente todas las esferas
de la vida pública, e incluyen las más variadas modalidades, como extorsión de pequeñas
empresas, bloqueos de las principales autopistas, cierre de escuelas, toques de queda
nocturnos, secuestros en masa y asesinatos de funcionarios públicos. Han apelado a
demostraciones públicas de violencia —desde dejar cabezas de personas decapitadas en
plazas públicas hasta colgar cuerpos mutilados de puentes sobre carreteras— con el fin de
infundir el terror, no sólo entre sus rivales, sino también en la población general. Han
tenido un profundo impacto en la sociedad mexicana.

El gobierno de México tiene el deber de adoptar medidas para proteger a sus ciudadanos
frente al delito; y cuando estos sean víctimas de la delincuencia, el gobierno tiene la
obligación de asegurar que el sistema de justicia penal funcione de manera adecuada
para brindarles recursos efectivos. Cuando el Presidente Calderón asumió en 2006,
heredó un país donde los carteles consolidaban progresivamente su presencia y las
fuerzas de seguridad —militares y civiles— tenían extensos antecedentes de abusos e
impunidad en el cumplimiento de esta importante función.

En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes
instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar
adelante una “guerra” contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor
poder en el país. Asignó al Ejército un rol central en su estrategia de seguridad pública,
que se enfocó principalmente en enfrentar a los carteles mediante el uso de la fuerza.

Actualmente, más de 50.000 soldados están asignados a operativos de gran escala contra
el narcotráfico en todo México. En los lugares donde se han desplegado estas fuerzas, los
soldados han asumido varias de las responsabilidades propias de la Policía y de los
agentes del Ministerio Público —como patrullar zonas, intervenir cuando hay
enfrentamientos armados, investigar delitos y obtener datos de inteligencia sobre
organizaciones delictivas—. A su vez, se ha reducido el control civil de las actuaciones
militares. A los operativos de las Fuerzas Armadas se han sumado miles de miembros de
la recientemente reconstituida Policía Federal y más de 2.200 fuerzas policiales distintas
de los estados y los municipios, si bien la cooperación entre estas fuerzas de seguridad es
a menudo limitada o superficial.

¿Cuál ha sido el desempeño de las fuerzas de seguridad? Hace dos años, Human Rights
Watch se propuso responder a este interrogante. Para ello, realizamos investigaciones
exhaustivas en cinco estados profundamente afectados por la violencia vinculada al
narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Se efectuaron
más de 200 entrevistas a un amplio espectro de funcionarios gubernamentales, miembros
de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y otros
actores. También se analizaron estadísticas oficiales, se recabaron datos a través de
pedidos de información pública y se examinaron expedientes, procedimientos legales y
denuncias de violaciones de derechos humanos, además de otras pruebas.
Mediante este análisis, Human Rights Watch pudo observar que existe una política de
seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No sólo no ha logrado
reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las
violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían
adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la
“guerra” desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia,
descontrol y temor en muchas partes del país.

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf

Ver en línea : HRW

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Informe HRW

11 de noviembre de 2011
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